Con el telón de fondo de la 20 Cumbre de Río, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; Venezuela, Hugo Chávez, y Colombia, Álvaro Uribe, acordaron ayer superar la tensión que se había generado en días recientes entre esas naciones, tras la violenta e ilegal incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano, durante la cual fue muerto el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes. Tras una acalorada discusión, en la que proliferaron las acusaciones mutuas y durante la cual Correa aseguró que el incidente podría superarse “con el compromiso de no agredir nunca más a un país hermano y el pedido de perdón”, Uribe afirmó ser un hombre “sin odios personales” y dio por terminado un conflicto que hasta ahora había arrojado como saldo el despliegue de tropas de Ecuador y Venezuela a sus respectivas fronteras con Colombia, el cese de las relaciones diplomáticas de Quito, Caracas y Managua con Bogotá, y un cúmulo de imputaciones severas y poco verosímiles por parte del mandatario colombiano en contra de sus homólogos ecuatoriano y venezolano.
Sin duda, es sumamente positivo el hecho de que se haya cerrado la perspectiva de una escalada bélica en la región. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que la reacción de Uribe, más que a una vocación pacifista y conciliadora de su parte, parece atribuirse a que durante la Cumbre de Río se vio acorralado por la condena colectiva de sus acciones en contra de la soberanía de Ecuador. Cabe recordar que apenas el miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) había emitido una resolución sumamente tibia en torno al ataque perpetrado por las fuerzas armadas colombianas contra la nación vecina, en la que se reconoció, sin emitir condena alguna, que el gobierno uribista violó la soberanía ecuatoriana. En cambio, en la declaratoria de la Cumbre de Río al respecto ha quedado expresada “la profunda preocupación” y el “rechazo” por “la violación a la integridad territorial de Ecuador” , y se asienta el compromiso de Uribe a que “bajo ninguna circunstancia” se repetirá ese lamentable suceso. Habrá que esperar a que el mandatario colombiano respete ese compromiso adquirido ante los gobiernos latinoamericanos y de cara a la opinión pública internacional.
Por lo demás, también debiera ser objeto de condena y rechazo internacional el cúmulo de acusaciones inconsistentes lanzadas por el presidente colombiano en contra de su homólogo ecuatoriano, basadas en información obtenida de forma inverosímil y que pretende vincular a Correa con las FARC, y cuyo objeto no parece ser otro más que el de enrarecer el ambiente.
Significativamente, en el contexto de la Cumbre de Río, el presidente venezolano Hugo Chávez presentó pruebas de vida de seis rehenes en poder de las FARC y solicitó a Uribe que le permitiera “trabajar en un canje humanitario”. Sería deseable que la comunidad internacional se sumara a esta petición, y presionara a Uribe para que propicie la liberación de un nuevo grupo de cautivos de la guerrilla, así como para que inicie las gestiones necesarias que conduzcan a Colombia a una paz anhelada y merecida.
